State Capacity and Environmental Regulation: The Case of Air Pollution in La Oroya, Peru (1922–1927)

Tania Karen Paredes  Zegarra

doi:10.32991/2237-2717.2026v16i3.p277-318

Autores

Tania Karen Paredes Zegarra Pontificia Universidad Católica del Perú https://orcid.org/0000-0003-0190-9753

DOI:

https://doi.org/10.32991/2237-2717.2026v16i3.p277-318

Palavras-chave:

conflicto ambiental, capacidad estatal, políticas ambientales, Perú

Resumo

Este estudio evalúa la resolución del Estado peruano del conflicto por emisiones en La Oroya (1922–1927), analizando si demostró capacidad estatal al incorporar consideraciones ambientales e implementar efectivamente las medidas adoptadas. Mediante un enfoque histórico-institucional basado en el análisis cualitativo de fuentes históricas —boletines e informes del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú (CIMP), establecido en 1902 para gestionar recursos minerales, boletines oficiales del Ministerio de Fomento y literatura secundaria—, el análisis aplica el concepto de autonomía burocrática de Carpenter (legitimidad, capacidad organizativa y diferenciación política) para examinar el rol del CIMP durante sus primeras décadas. Los resultados muestran que, a pesar de su apoyo político, legitimidad y capacidad técnica, la autonomía burocrática del CIMP se vio limitada en el criterio de la diferenciación política. Su Informe sobre los humos de La Oroya (1926) identificó el problema y propuso soluciones técnicas, pero el CIMP carecía de autoridad para hacerlas cumplir: la Cerro de Pasco Copper Corporation acató las medidas solo parcialmente, instaló filtros recién entre 1936 y 1942 y adquirió a bajo precio gran parte de las tierras afectadas. En La Oroya, la resolución favoreció los intereses corporativos sobre los ambientales y comunitarios, reflejando una tendencia en Perú de priorizar el crecimiento económico sobre la protección ambiental. Los hallazgos revelan limitaciones en la capacidad estatal para aplicar políticas ambientales. Aunque el CIMP mostró autonomía burocrática, sus acciones estuvieron condicionadas por intereses políticos y económicos. El caso de La Oroya subraya los desafíos persistentes en la gobernanza ambiental peruana, ilustrando la tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad, y constituye un antecedente histórico para comprender conflictos contemporáneos sobre recursos.

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